Casas de acogida. ¿Ayuda a las víctimas o negocio a costa de ellas?
Las casas de acogida son un instrumento clave en la industria del maltrato y en el aparato de propaganda feminazi.
¿Son centros de ayuda a las mujeres maltratadas o son una rama más del negocio de la industria del maltrato?
Una vez más los hechos demuestran que la perversamente llamada “violencia de género” no es sino una excusa creada para alimentar la “industria del maltrato”.
Veamos el ejemplo de la casa Malva, inaugurada por la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, quien dijo que sería «el referente a imitar» y ejemplo para toda España al «dejar de esconder a las mujeres maltratadas de una forma vergonzante e indigna». Y efectivamente así ha sido. Tal y como era de esperar y siguiendo la costumbre ya muy arraigada en estos centros, las internas son tratadas casi como esclavas, sometidas a un proceso de “reestructuración de personalidad” bajo contrato, gracias al cual son tratadas no como personas sino como mercancía valiosa que se utiliza para justificar el gasto del que se lucran sus dirigentes.
Nuevamente comprobamos que independientemente de la localización y asociación que la gestiona o manipula, las casas de acogida se rigen por las normas establecidas desde un órgano central. Así nos lo confirman las concejalas de Servicios Sociales y de Igualdad, Esperanza Fernández y Begoña Fernández al afirmar que «la Casa Malva no tiene un reglamento de funcionamiento propio sino que se rige por las normas establecidas en la Red de Casas de Acogida». Y no podemos olvidar que este órgano central lleva años siendo denunciado tanto por las internas como por las empleadas por los mismos motivos: maltrato a las internas y malversación de fondos públicos.
Estas mismas concejalas nos tratan como imbéciles al intentar colarnos un razonamiento de lo más estúpido por obvio, intentando hacer recaer la culpa en las víctimas. Es de Pero Grullo que las internas nuevas ingresan convencidas de la bondad del centro y sólo tras su estancia en el mismo son conscientes de cómo se las trata en realidad. Y siempre manifiestan que el trato recibido en la casa de acogida es peor del que sufrían de su supuesto maltratador.
Como siempre, no podían faltar las amenazas a quienes «rompen el consenso existente hasta ahora en materia de violencia de género y deterioran gravemente la imagen de las instituciones» independientemente de quien lo haga, incluida la oposición política. En otras palabras, la omertá. La ley del silencio. Y quien la viola sufre la persecución a la que nos tienen acostumbrados.
Las concejalas nos recuerdan lo que ya sabemos. Que las inquilinas firman «voluntariamente» un escrito comprometiéndose a iniciar los trámites de separación del supuesto maltratador. Se nos omite el resto del contenido del contrato entre cuyas cláusulas se encuentra tanto el impedir que los hijos tengan contacto alguno con el padre, incumpliendo incluso sentencias judiciales y haciendo incurrir en delito a las internas, como el “proceso de reestructuración de la personalidad”. En roman paladino: lavado de cerebro. Algo totalmente ilegal e inmoral máxime cuando se les realiza también a los menores sin el conocimiento siquiera del padre. Es la labor de las sectas y que está tipificado en el Código Penal como delito.
Tampoco falta en esta ocasión la incompetencia, negligencia y/o hipocresía de quien se supone gestiona y vigila el correcto funcionamiento del centro. En este caso la directora del Instituto de la mujer, María Fernández Campomanes, manifiesta sin rubor: «No teníamos conocimiento de que hubiera descontento. Por eso vamos a recabar información de todas las partes y hacer posteriormente las valoraciones oportunas». Desgraciadamente estas valoraciones conllevarán mayor represión para las internas y ocultación de la realidad a los ciudadanos.
La carta abierta de una de las internas refleja de manera rotunda lo que ocurre realmente en estos centros y que nada tiene que ver con lo que nos quieren vender desde los partidos políticos que los crean y gestionan.
Lne.es. Gijón
A la señora consejera María José Ramos
JOSEFA GÓMEZ MARTÍN. Su Casa Malva, de la que usted está tan orgullosa y costó tantísimos impuestos a costa de miles de familias que no llegan con su dinero a fin de mes, es un total fracaso, un fiasco, un derroche, una ruina y una cárcel. ¿Para quién se gastó tanto dinero en ese monstruo que ustedes, con mucha vanidad política, llaman casa de acogida para las pobres víctimas de los malos tratos?
Si perdió mucho de su valioso tiempo en revisar planos y presupuestos, en inaugurar y en enseñar a todo Gijón y a toda España la formidable edificación y su preocupación por esas pobres mujeres, ¿por qué no dedicó media hora para hablar con ellas, con las víctimas, y preguntarles cómo se sentían y cuáles eran sus necesidades? Claro que tendría que ser a solas, sin las guardianas que constantemente vigilan lo que dices, lo que haces y lo que piensas. El miedo a la represión cerraría la boca de esas mujeres.
Al inteligente, él o ella, que proyectó el sistema de seguridad yo le diría que se olvidaron imperdonablemente de unas cuantas cosas para que fuera una casa segura de verdad como la alambrada electrificada, las minas antipersonas y, cómo no, el pastor alemán. Con los vigilantes de día y de noche, y las muchas cámaras de seguridad enfocadas hacia nosotras nos sentimos peligrosas delincuentes a las que hay que vigilar muy, muy de cerca.
Dicen que es para nuestra seguridad. Ja, ja, ja. El agresor y quien quiera hacernos daño nos encontrará fácilmente en cualquier sitio y en cualquier momento en la calle o en nuestro trabajo. Las cámaras enfocadas en el comedor, la cocina y los pasillos sólo tienen la misión de vigilarnos a nosotras. ¿Por qué si no entran en nuestros departamentos, que son nuestra casa, utilizando la llave maestra y sin tan siquiera picar? ¿Es eso respetar nuestra intimidad y respetarnos como personas? En sus despachos, que es donde está lo que un ladrón buscaría, no hay cámaras.
La palabra «cárcel» la escuché por primera vez antes de entrar en la casa vieja, la de la avenida de la Argentina. No vayas allí, me decían, es peor que la cárcel y las mujeres vuelven con su agresor porque aquello es peor. No lo entendí. Yo personalmente no lo consideré así. Y eso que había tantas normas y prohibiciones que después de cinco meses todavía me recordaban alguna nueva. Ahora entiendo a qué se referían.
Le aseguro, señora consejera, que cuando dejé todo, incluida la casa de mis sueños y mis queridos animales, no derramé una lágrima, pero sí que derramé muchas por lo que encontré y que se supone me iba a ayudar. La mayoría de las mujeres que se marcharon antes que yo volvieron a casa, con sus agresores, porque no tenían a donde ir.
Llegamos a su querido mausoleo y todo fue mucho peor. Dos de las cuatro que entramos en julio ya nos fuimos. Yo, tengo que reconocerlo, con el corazón lleno de odio, rencor y deseos de revancha. Unos sentimientos, se lo juro, totalmente desconocidos para mí hasta este momento. Quiero justicia para las que están ahora y para las pobres desgraciadas que vengan detrás.
Le aconsejo, señora Ramos, y perdone el atrevimiento, que se dé mucha prisa en hacer una investigación a fondo con las dos inquilinas que quedan. Pero le insisto: hágalo a solas, sin ninguna espía por medio. Y hágalo rápido porque si tarda unos cuantos días a lo mejor han hecho un agujero por la alambrada y se han escapado, y usted se encontrará con todo su ejército chupa impuestos solito y a sus anchas.
Perdóname, María (la directora de la Casa), sé que esto te va a afectar. Te juro que si pudiera evitarte este disgusto lo haría, pero me siento en la obligación de hacerlo público para evitar que todas esas «educadoras» a las que en la Casa Malva se les subió la soberbia a la cabeza sigan haciendo tanto, tanto daño.
Otra cosa, ¿para qué necesitamos «educadoras»? Yo creía que eran los maltratadores los que tenían que hacer examen de conciencia y a los que había que educar en valores de igualdad. A mí lo que me inculcaron allí es que fuese sumisa, obediente y que cumpliera con escrupulosidad las mil órdenes bajo la amenaza de echarme a la calle. ¿Le suena a algo? Para muchas es repetir, pero peor, lo que tienen en casa.
Si me permite otro consejo, señora consejera, le diría que cierre ese edificio y lo emplee para otros menesteres. Mande tanta incompetente a casa. Los ciudadanos, que con sus impuestos lo pagan, se lo agradecerán y las próximas víctimas también.
Estoy a su disposición para lo que considere oportuno.
Muchas gracias. Josefa Gómez Martín es antigua inquilina de la Casa Malva.
Recordemos que esta situación se da en la casi totalidad de estos centros. Baste el ejemplo reciente del centro gestionado por Nuevo Amanecer en la Comunidad de Madrid. Situación que fue aprovechada sin escrúpulo alguno por la oposición política exigiendo al contrario que haga lo que no hace en su propia casa y aprovechando la ocasión para hacer demagogia barata pidiendo medidas que vulneran la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos retrotrayéndonos a la Edad Media. Por supuesto, todo ello a costa del dinero público. Por supuesto, con el único objeto de expoliar fondos de los Presupuestos Generales del Estado. Algo que por repetido no deja de causar repugnancia y que podemos ejemplificar en el triste caso de la asesinada de Puertollano.
Esta industria del maltrato genera unos más que cuantiosos ingresos a quienes viven de ella y no sólo de lo obtenido de los Presupuestos Generales del Estado sino de negocios particulares que, basándose en mentiras y aprovechándose del dolor ajeno, obtienen píngües beneficios. Veamos con dos noticias cuál puede ser el monto total del dinero que mueve la industria del maltrato. En la primera podemos ver la ayuda que la Comunidad de Madrid destina a las víctimas del terremoto de Perú y de la que la Presidenta de la Comunidad se enorgullece. Es el dinero destinado a miles de personas para múltiples tareas de reconstrucción. Imaginemos tan solo el coste de reconstrucción de la red de abastecimiento de agua y la red de alcantarillado. En las mismas fechas, la Comunidad de Valencia concede la misma cantidad de dinero a una sola asociación feminista. Ignoramos cuáles son los gastos de esta asociación afín al PP pero hace tres años, según publicaba El País, la plataforma de asociaciones feministas afines al PSOE de la Comunidad valenciana exigía que se les concediese el 5% del Producto Interior Bruto.
El caso de la casa Malva no es sino una repetición de lo que viene sucediendo en todas y cada una de estas casas de acogida empezando por la matriz, sita en Coslada, denunciada repetidamente tanto por las internas como por las empleadas y los afectados de sus prácticas ilegales. Pues se maltrata a las internas, se malversan los fondos públicos recibidos vía subvenciones, se deriva a las internas a despachos profesionales privados regentados por las mismas personas que gestionan la casa de acogida, etc.
De hecho, nada más ingresar, a las internas se les hace un reconocimiento psicológico. Tras el mismo se emiten dos informes. En el primero se acredita que es una mujer maltratada y es el que se usará para acceder a los beneficios. En el segundo se acredita que la mujer no está en sus cabales. Este segundo informe es el que se usará en el caso de que la mujer se atreva a salirse del redil y con él se la amenazará incluso de quitarle a sus hijos.
Hemos de recordar que todo este entramado de intereses bastardos de la industria del maltrato ni son una novedad ni están basados en datos reales sino, entre otros, en:
El siguiente testimonio da prueba de cuanto denunciamos. Las mujeres maltratadas no reciben las ayudas que nos publicitan machaconamente a diario. ¿Dónde va a parar todo este dinero?
Una mujer maltratada que lleva nueve años huyendo del maltratador por distintas casas de acogida de media España. Ella y sus hijos, al igual que otros muchos, han sido tratados como animales de laboratorio y objetos al servicio de la propaganda feminazi.
Asociación de artistas contra la violencia de género. Este colectivo es uno de tantos que se apuntan al negocio del maltrato institucional. Las subvenciones de dinero público son generosas y abundantes. La conciencia y la ética brillan por su ausencia. Veamos un ejemplo.
Centro Reina Sofía. El Centro Reina Sofía es el único Organismo público que estudia la violencia. Pero sus prácticas dejan mucho que desear.
