La sola idea de que una crueldad pueda beneficiar a alguien, es una completa inmoralidad.
LA HIPOCRESIA DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
. Ninguna persona de bien en este País ampara conductas violentas y menos cuando éstas, cobardemente, se dirigen contra alguien en situación de desvalimiento y vulnerabilidad, con independencia de su edad, condición, creencia, origen o sexo. Nadie justifica que haya execrables actos de violencia, física, verbal o psicológica, que se perpetran por hombres, que en realidad no lo son, que ven a la mujer no como una compañera que disfruta de los mismos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión como integrante del género humano, sino como un ser inferior; un canalla que minusvalora a la mujer por su mera condición femenina y la agrede por una motivación machista que hoy repugna a una sociedad que cree en la igualdad de oportunidades.
Lo que es absolutamente falso y está causando mucho más daño que beneficio, es el planteamiento ideológico que sostiene que cualquier hombre, por el mero hecho de serlo, no puede tener, en igualdad, un enfrentamiento verbal, físico o psicológico con una mujer con la que, aunque coyunturalmente, haya tenido algún tipo de relación afectiva. Se parte de que existiendo esa relación, la mujer, siempre por el mero hecho de serlo, está subordinada al varón, sometida y por eso requiere una protección adicional que comporta que ese hombre que puede haber tenido una discusión puntual, leve, en igualdad, sin riesgo alguno para la integridad femenina, sea tenido por maltratador equiparado al que sí somete, humilla y amedrenta. Contra ese apriorismo nos rebelamos muchos juristas, como sucede con los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han presentado voto particular al criterio escasamente mayoritario del Alto Tribunal; como sucede con muchos Magistrados de Audiencias Provinciales, como el juez del Olmo en Murcia, que defienden que es necesario encontrar una motivación machista en el varón agresor para que se le pueda calificar como maltratador y se le pueda imponer el mayor grado de reproche y sanción proporcional a su agresión, auspiciada desde una posición dominante; como sucede con otros muchos profesionales que callan por miedo a represalias
Las consecuencias del planteamiento políticamente correcto son gravísimas, pues, al margen de la realidad de muchas denuncias falsas que responden sólo a una intención espuria de venganza, resentimiento y obtención de beneficios, la predeterminación y generalización de conductas está provocando cientos de miles de detenciones injustas e innecesarias, suicidios de padres de familia que se sienten maltratados institucionalmente, condenas de prisión de miles de inocentes que nunca habrían tenido la más mínima intención de pasar de la discusión verbal y que sólo hubieran sido condenados por una falta, como lo son de hecho las mujeres por lo mismo, padres y abuelos paternos alejados de sus hijos y nietos por una mera discusión y bronca, en la que ambos progenitores han intervenido de tú a tú, en una contienda, común en las rupturas de pareja, en la que dos personas de distinto sexo, se enfrentan por intereses muy ajenos a cualquier cuestión de género. Un número superior a 130.000 denuncias al año de las que es prácticamente imposible a los jueces discernir y cribar cuáles de ellas, un ínfima parte, responden efectivamente a una situación de riesgo derivada de una concepción de dominio, subordinación, desigualdad y miedo. Los efectos para la mujer maltratada también son gravísimos, pues ese panorama la sigue dejando en situación de desprotección, desalentando a las que sí son víctimas ante la ineficacia del sistema que sostiene que se ha de condenar incluso sin pruebas y sin cuestionar a las denunciantes. Una tesis que no convence a la mayoría de jueces que creemos en los valores que proclama la Constitución. Una mínima parte de mujeres que sí sufren ese maltrato cobarde y machista y que siguen muriendo, ninguneadas en un océano de incompetencia, confusión y oportunismo. Unas consecuencias que al provocar mayor desigualdad e injusticia, incrementan las situaciones potenciales de conflictividad y riesgo de episodios muchísimo peores de violencia.
En fin, un cuadro desolador que no ampara a las mujeres maltratadas, y que está suponiendo un drama incomprensible para muchos hombres estigmatizados desde que se les acusa con el dedo, y para muchos hijos, abuelos y familias que comparten, en silencio, su dolor. Por tanto, cabría preguntarse ¿quién se beneficia de esa política de naturaleza estalinista que no admite críticas a sus fines? La respuesta es evidente, tras cinco años de implantación, la ideología de género sólo ha propiciado bienestar a la legión de oportunistas que la han inventado y que ha calado a través de campañas millonarias de intoxicación mediática. Porque si la violencia machista se limitara a los episodios que realmente obedecen a los descritos de miedo y discriminación, que existen y son graves, resulta que esa violencia se reduciría a menos del 2% de los asuntos denunciados. Ello propiciaría que a las mujeres en verdadera situación de peligro, las pudiéramos proteger eficazmente, dando confianza a las que aún no se atreven a denunciar. Ahora bien con esa proporción lo que sobraría sería el Ministerio de Igualdad, el Observatorio de Violencia, casi todos los juzgados de Violencia que podrían ser reconvertidos en Juzgados de Familia, la Delegación del Gobierno, cargos y cargas, aquí sí se emplea bien el género femenino, que justifican su existencia en esa ideología, profesionales que han promocionado por comulgar con sus postulados y defenderlos de voces críticas, sobrarían asociaciones subvencionadas, campañas publicitarias, cursos de adoctrinamiento y miles de millones de euros que se podrían invertir en otras necesidades, reservando lo justo para permitir que las mujeres víctimas de real maltrato gocen de una protección eficiente y de las garantías asistenciales dignas y adecuadas a su situación, sin tener que compartirlas con otras que intentan aprovecharse de sus miserias. Sería como si hubiéramos dejado el Ministerio de Sanidad en manos de los intereses de un cierto sector de la industria farmacéutica: Aún invertiríamos dinero en vacunas para combatir la gripe A.
FRANCISCO SERRANO CASTRO
PRESIDENTE PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD
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